A la población y autoridades nacionales y departamentales
Motivo: Contaminación de las fuentes de agua potable.
A principios de marzo los habitantes de la zona
metropolitana fueron sorprendidos con un olor y gusto desagradable en el agua
potable. Posteriormente se supo que el
fenómeno se debió a un microorganismo similar a las algas que ve favorecido su
crecimiento cuando en el agua existen concentraciones altas de nutrientes (en
especial nitrógeno y fósforo) y elevada temperatura.
El fenómeno no es nuevo, han sido denunciados crecimientos
explosivos de algas (floraciones) en el Río Negro, Río Uruguay y en la cuenca
del río Santa Lucía se detectan altas concentraciones de nutrientes en los
embalses de Paso Severino y Canelón Grande, que sirven como reserva de agua
para potabilizar.
Los nutrientes provienen de los efluentes de las
poblaciones, de agroindustrias como frigoríficos y curtiembres, de los fertilizantes y los efluentes de la
producción animal del sector agropecuario.
A medida que la producción agropecuaria se intensifica crece la carga de
contaminantes liberada al ambiente: tambos, feed lots (cría intensiva a corral de ganado para carne), monocultivos
agrícolas como la soja y la forestación son rubros que han crecido mucho en la
cuenca en los últimos años. El modelo
industrial de agricultura que se impulsa desde el agronegocio y desde los
centros de investigación nacionales se basa en el uso intensivo de insumos
sintéticos. No se trata de unos pocos agricultores que se excedieron en su uso,
es un modelo que busca la máxima ganancia en el menor tiempo posible. En el
país el uso de fertilizantes se duplicó entre el año 2000 a 2007. La
importación de agrotóxicos se multiplicó por cinco entre el año 2000 al 2011. Los
fertilizantes y agrotóxicos están siendo subsidiados por la sociedad uruguaya
ya que no pagan IVA y tienen exoneraciones para su importación. En el 2007 el país gastaba 558 millones de
dólares en fertilizantes y en el 2011 154 millones en agrotóxicos. El modelo es
exitoso para unos pocos, ya que los beneficios quedan en el sector privado y
los costos (contaminación de suelos y aguas, intoxicación de trabajadores
rurales, erosión de suelos y pérdida de biodiversidad) son trasladados a la
sociedad. Los suelos degradados y la pérdida de los montes de galería que
bordean ríos y arroyos, acelera la pérdida de calidad en el agua, ya que éstos actúan
como filtros naturales.
La venta de insumos y la exportación de granos o madera
están controlados por empresas transnacionales que se apropian de gran parte
del valor de la producción. La propiedad de la tierra se concentra y pasa a
manos de extranjeros, desaparecen muchos pequeños productores. La cuenca del
Santa Lucía es donde existe la máxima concentración de agricultores familiares
que sufren estos procesos de exclusión,
cualquier propuesta de acción en la cuenca debe considerar el impacto social
sobre este sector.
La Red de Agroecología propone convertir la producción
agropecuaria en la cuenca del Santa
Lucía y todas las cuencas de zonas utilizadas como fuentes para abastecer de
agua potable en el país hacia un nuevo modelo de producción agropecuaria basada
en la Agroecología, ciencia que incorpora técnicas diferenciadas para la mejora
de los suelos, la mejora genética, el control de plagas, enfermedades y
malezas, en contraposición con la agricultura industrial y de visión
cortoplacista, que promueve tecnologías sintéticas tales como la agroquímica y
la biotecnología, con el fin de sacar el máximo rendimiento económico por
hectárea, sin tener en cuenta para nada los impactos ambientales, sanitarios y
sociales que éstas prácticas puedan tener. Utilizando la tecnología
agroecológica es posible revertir los procesos de degradación ambientales, integrando
también la creación de áreas protegidas y formas de urbanización y de
industrialización sustentables.
Ciudades como New York (9 millones de habitantes) o Munich
(1,3 millones) tienen programas de promoción de la agricultura sustentable y de
agricultura orgánica de sus cuencas de abastecimiento de agua potable,
financiados por las empresas distribuidoras de agua potable. Encontraron que es
más barato resolver las causas de los problemas que invertir en más y más
sistemas de tratamiento, que no siempre logran eliminar los tóxicos del agua.
De acuerdo a nuestras leyes
“el agua es un recurso natural esencial
para la vida. El acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos
fundamentales reconocidos en el inciso segundo del artículo 47 de la
Constitución de la República. También según este artículo de la
Constitución “la protección del medio
ambiente es de interés general y que las personas deberán abstenerse de
cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al
medio ambiente”
Por lo tanto, son responsables por omisión, los Organismos
del Estado (MIEM, MGAP, MSP, MVOTMA) y las Intendencias Departamentales, que
miran para otro lado mientras se cometen estos atentados contra el medio
ambiente, la ecología y la salud de todos los seres vivos.
Exhortamos al Gobierno a que se ponga a trabajar en este
tema sin duda estratégico para el país, ya que se trata de una situación grave que pone en peligro además la viabilidad
económica de la Nación. La contaminación
del agua potable es solo la punta visible de un gran problema de
Soberanía. Existen alternativas
económicamente viables para producir alimentos sin dañar el ambiente ni la
salud de los consumidores. La Red de Agroecología del Uruguay se compromete
desde ya a colaborar en la tarea junto a las organizaciones sociales y
estatales que defienden el acceso al agua para todos.
Abril, 2013
*La Red de
Agroecología del Uruguay es la articulación entre productores ecológicos,
consumidores, procesadores y distribuidores de alimentos y diversas
organizaciones sociales, instituciones y personas que comparten una visión
positiva e integral sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de la
agroecología y acuerdan contribuir a su desarrollo.
**La
Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica es una sociedad civil sin
fines de lucro, con personería jurídica nº 7871, folio 77, libro 16 del Ministerio de
Educación y Cultura y habilitación del MGAP para certificación 194/99.
